El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las propuestas presentadas por la Consejería de Política Industrial y Energía en el marco del proceso participativo abierto por la Comisión Europea para el desarrollo de la nueva Ley Europea de Materias Primas Críticas, prevista para el primer trimestre de 2023, que persigue identificar proyectos estratégicos a lo largo de la cadena de valor, acumular reservas estratégicas e impulsar la transición energética y digital.

En concreto, la Junta de Andalucía ha elaborado una veintena de propuestas para las que ha contado con las aportaciones de las principales asociaciones empresariales del sector y colegios profesionales competentes en la materia. Andalucía ha resuelto participar en el proceso participativo abierto por la Comisión Europea, que ha promovido una iniciativa conformada por un paquete de acciones regulatorias y no regulatorias y cuya adopción se prevé para el primer trimestre de 2023.

Las propuestas planteadas recogen los aspectos más relevantes vinculados al desarrollo de la actividad minera andaluza, a la par que explicitan las principales líneas estratégicas de desarrollo futuro y permiten el fortalecimiento de su papel en el desarrollo de las renovables. Unas medidas que se engloban en cuatro bloques relativos a la tramitación administrativa, a la ordenación territorial, vinculadas a la propia actividad minera y relacionadas con el entorno social y económico.

En el primer bloque de propuestas para mejorar la tramitación administrativa, desde la Junta se plantea la racionalización de los procedimientos utilizando una 'ventanilla única', una duración limitada para los procedimientos, la aceleración de la tramitación de proyectos de singular relevancia, la armonización de los conceptos de compatibilidad de uso y utilidad pública, así como dotar a las administraciones que intervienen en el proceso de autorización de los proyectos de capacidades en temas mineros.

Un segundo bloque, relativo a la ordenación territorial, propone evitar las exclusiones generales de forma genérica en los planes urbanísticos municipales, autonómicos y suprarregionales y solicitar un informe preceptivo a la autoridad minera durante el proceso de elaboración de los planes de ordenamiento territorial.

En el apartado de propuestas específicas de la actividad minera, el Gobierno andaluz plantea mejorar el conocimiento geológico general de los yacimientos a través de los datos de exploración e investigación minera, fomentar la seguridad y salud en el trabajo, impulsar la economía circular, potenciar la eficiencia energética y el uso de energías renovables, promover la creación de cluster regionales, así como crear una red de agencias de materias primas. A ello se le suman otras iniciativas como difundir el valor de la industria minera en la sociedad y en las instituciones educativas y respaldar la formación especializada de la mano de obra a nivel local.

Por último, las medidas vinculadas al entorno social y económico propuestas por Andalucía pasan por facilitar el acceso a líneas preferentes de financiación, fijar la cadena de valor a nivel territorial, desarrollar infraestructuras logísticas y energéticas, así como una tramitación abreviada de las mismas, particularmente las ferroviarias, y plantear restricciones para los productos provenientes de países extranjeros donde no se respeten los derechos básicos y la legislación fundamental.

Cabe recordar que Andalucía ocupa en la actualidad una posición de liderazgo en el sector extractivo, concentrando el 40% de la producción nacional, un porcentaje que se eleva al 90% en el caso de la minería metálica.

La Junta de Andalucía, en conexión con las nuevas políticas industriales europea y andaluza, entiende que el desarrollo de una minería responsable, innovadora y especialmente respetuosa con el medio ambiente debe ser un elemento clave dentro de la revolución verde que está llevando a cabo, en coherencia con la política común europea en la materia.

Por ello, el Gobierno andaluz considera un compromiso irrenunciable su participación activa en los foros nacionales y supranacionales en los que se diseñen los instrumentos de planificación sectorial que deben servir como soporte para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo.