Más allá de los enormes problemas sanitarios y de salud pública que está provocando la pandemia del coronavirus COVID-19, el otro gran reto que plantea es el parón que ha causado en la economía de todo el país después de que el Gobierno haya activado el estado de alarma, que ha reducido de manera muy notable la actividad empresarial e institucional en España. Para que este frenazo económico sea lo menos perjudicial posible y paliar los efectos económicos adversos de la crisis del coronavirus en la provincia de Jaén, la Diputación ha adoptado una serie de servicios mínimos y medidas de carácter temporal para garantizar la prestación efectiva de servicios a la ciudadanía y el mantenimiento de procedimientos que son fundamentales para que los proveedores que los prestan puedan seguir cobrando y así poder retribuir a sus empleados.
“Una de las líneas de trabajo que estamos intensificando durante el estado de alarma es el pago a proveedores para inyectar dinero en la economía provincial y ayudar a evitar la destrucción de empleo”, asegura la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, quien añade que con ese objetivo “esta semana estamos gestionando el pago de más de 200 facturas, algunas de gran calado como la factura mensual de Resurja, que supone 2,1 millones de euros, una empresa mixta de la Diputación que tiene a su cargo 700 empleados”.
De igual forma, también se ha procedido al pago de la factura de las empresas Clece y Macrosad, que según Parra alcanzan “una facturación mensual de 2,8 millones de euros y que pagan nóminas a 1.800 mujeres de la ayuda a domicilio que tan importante labor están realizando en los 91 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes”. También se están abonando “certificaciones de obras a empresas de la construcción, algunas tan relevantes y de importantes cuantías como las del Olivo Arena, o actuaciones en carreteras, junto con otras muchas facturas de las distintas áreas de la Diputación”, apostilla la responsable económica de esta administración.
En este contexto excepcional, Pilar Parra considera que “con muy pocos efectivos presenciales, pero con mucho teletrabajo, está siendo posible seguir trabajando por la provincia, las empresas y los ayuntamientos, además por supuesto de tener resuelta la nómina de los 1.500 trabajadores con los que en la actualidad cuenta la Diputación Provincial”.
En ese trabajo por el interés general en el que la Administración provincial se está adaptando a la especial situación que se está viviendo por el coronavirus, también se enmarca otra medida adoptada por la Diputación, que como explica Parra ha decidido que “mientras se mantenga la actual situación de estado de alarma se amplíen los periodos de cobro en voluntaria, así como la suspensión de determinados plazos y actuaciones”.
Así, tanto el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y también el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales prolongarán su periodo voluntario de pago en tres meses, por lo que el plazo de ingreso en período voluntario de estos tributos queda fijado entre los días 1 de abril y el 7 de septiembre de 2020 en lugar del inicialmente aprobado, que comprendía las fechas del 1 de abril al 5 de junio de 2020. Las fechas del cargo de los recibos domiciliados correspondientes a esta cobranza voluntaria se extienden también un mes más.
Además de esta medida, también se ha ampliado el periodo voluntario de pago de todas las liquidaciones emitidas y notificadas con vencimiento 20 de marzo, 5 de abril, 20 de abril, 5 de mayo de 2020 y 20 de mayo de 2020; ese plazo se alarga hasta el 5 de junio de este año en todas ellas y será susceptible de ampliación en el caso de prórroga del estado de alarma. Igualmente se dilata el periodo voluntario de pago de todas las sanciones emitidas y notificadas con vencimiento a partir del día 19 de marzo de 2020, cuyo plazo en periodo voluntario se amplía al 5 de junio, un tiempo que también se podrá prolongar en el caso de prórroga del estado de alarma.
Por último, se suspenden todos los plazos para la presentación de solicitudes, recursos de reposición y reclamaciones durante el plazo de 30 días; igual que los establecidos para atender requerimientos, presentar declaraciones y formular alegaciones; la emisión de notificaciones; y las actuaciones de embargo en toda la provincia, todas ellas también en el plazo de 30 días. Estos plazos serán susceptibles de ampliación en el caso de prórroga del estado de alarma.
