La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) que está diseñando la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación contempla endurecer las exigencias para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público. El documento propuesto en Andalucía es más restrictivo en esta materia que la legislación recientemente aprobada por el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades.
De acuerdo con el texto que se está elaborando para sustituir a la vigente ley andaluza de 2013, los promotores de iniciativas de esta naturaleza deberán contar con una trayectoria contrastada en educación universitaria. Con esta condición se pretende garantizar que la futura institución académica tendrá capacidad para cumplir, desde su puesta en funcionamiento, con lo estipulado tanto por la legislación estatal y autonómica como por lo recogido en su propio proyecto de creación y reconocimiento. De igual modo, el borrador propone que se acredite la correspondiente solvencia económica para llevar a cabo este tipo de actividad, atendiendo al nivel de experimentalidad y al ámbito académico de los estudios y la investigación que se propone implantar. Para ello, el impulsor del proyecto tendrá que proporcionar información acerca de las entidades que lo avalen y lo financien.
Asimismo, la LUPA pretende garantizar por ley que las universidades que nazcan de la iniciativa privada presten especial atención al apoyo al estudio con la puesta en marcha de programas de becas, que se nutrirán de una parte de los ingresos anuales de la institución. La norma determinará un porcentaje específico de reserva de fondos y contempla en su articulado que, en el diseño de estas ayudas, se tenga en cuenta los requisitos académicos del alumnado y sus condiciones socioeconómicas. Esa obligación también se hará extensible a las actividades de I+D, que se articularán mediante planes propios de investigación y para cuyo fomento se fijará, igualmente, un porcentaje mínimo en relación con los ingresos. La futura norma determinará que la investigación desarrollada por las universidades debe ser relevante en todos los campos de la oferta académica, incluyendo estrategias de incorporación de talento, participación y liderazgo en proyectos de I+D competitivos, dotación de infraestructuras científicas y cumplimiento de los indicadores que reglamentariamente determine la Junta de Andalucía.
El documento normativo también da cabida a otra serie de obligaciones, entre las que destaca la imposición a las instituciones académicas privadas de disponer de órganos de representación de la comunidad universitaria y, especialmente, de aquellos referidos a estudiantes. A esto se suma que los integrantes de los órganos rectores de carácter académico de estas entidades tendrán que reunir experiencia académica y profesional suficiente, bien en gestión y docencia o bien en investigación, innovación y transferencia de conocimiento. Asimismo, la nueva legislación que sustituya al actual marco normativo autonómico prevé aumentar la regulación de la plantilla docente e investigadora que ejerza su actividad en estas universidades.
Funcionarios con labores de inspección
Por otro lado, la LUPA dará cobertura a la puesta en marcha de un cuerpo de funcionarios con funciones de inspección de la actividad universitaria. Se encargará de velar por el cumplimiento de la legalidad en este ámbito, una medida recogida en la actual ley andaluza, que data del año 2013, aunque no se ha desarrollado hasta ahora. La Consejería de Universidad orientará este servicio de inspección especialmente a los proyectos educativos que surjan de la iniciativa privada, teniendo en cuenta que las instituciones académicas públicas cuentan con numerosos mecanismos de vigilancia, entre los que destacan el control de los Consejos Sociales, las auditorías externas o los propios informes de la Cámara de Cuentas.
El documento se encuentra en su fase inicial de elaboración y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ya lo dio a conocer a los rectores del sistema público el pasado mes de febrero para recabar sus sugerencias. Tras esa presentación, el borrador también se remitirá a los representantes de la comunidad educativa, tanto al colectivo de estudiantes como a los representantes sindicales de la plantilla docente e investigadora y del personal técnico de administración y servicios con la finalidad de abrir un proceso de diálogo y recoger aquellas aportaciones encaminadas a enriquecer el documento.
