Andalucía fue la tercera comunidad receptora de proyectos de capital extranjero en nuevas instalaciones (los denominados Proyectos Greenfield) en el ámbito nacional durante 2020, con medio centenar de iniciativas captadas, una inversión anunciada de 1.232 millones de dólares y la generación de 7.414 empleos, según ha informado la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades al Consejo de Gobierno.
Este informe, realizado a partir de datos extraídos de la base de datos del Financial Times, también recoge la distribución regional de las filiales extranjeras en ese ejercicio y el reparto por provincias de las principales iniciativas empresariales radicadas en la comunidad entre 2020 y 2021, así como la evolución experimentada por los parques científicos y tecnológicos andaluces.
Un Proyecto Greenfield es un tipo de inversión extranjera directa en el que un inversor no residente en el país trae todo el capital necesario desde el exterior para construir desde cero las instalaciones con las que poner en marcha un negocio. Esta clase de iniciativas de valor añadido es la más arriesgada para el promotor de la actuación, pero la más beneficiosa para la economía de destino ya que genera empleo, dinamiza sectores prioritarios y mejora la competitividad del tejido productivo de acogida. Unos beneficios que, en la actual coyuntura de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19, resultan de especial interés para favorecer la reactivación económica de la comunidad.
Cataluña, con 162 proyectos, y Madrid, con 131 lideran esta clasificación, seguidas por Andalucía y la Comunidad Valenciana, que ocupa el cuarto puesto, con 41. La concentración de Proyectos Greenfield en estas autonomías fue más moderada en términos de inversión y empleo el pasado ejercicio, dejándose notar el impacto de la pandemia, en consonancia con lo experimentado a nivel global. De hecho, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, el número de esta clase de inversiones se redujo en el conjunto nacional un 35,6% el pasado año, situándose en 540 (el 4,3% de los proyectos globales), que aportaron 13.186 millones de dólares y supusieron la creación de 63.444 empleos.
Atendiendo a los sectores, en 2020 estas oportunidades de negocio se centraron en los sectores de software y TIC, así como con el ámbito inmobiliario y los servicios profesionales.
El informe también recoge la distribución regional de las filiales de empresas extranjeras, del que se extrae que la comunidad andaluza es la cuarta a nivel nacional, con una concentración de 805 delegaciones, por detrás de Madrid (5.462), Cataluña (4.369) y Comunidad Valenciana (846). Esas 805 sucursales radicadas en la región representan un volumen de negocio de 20.956 millones de euros, una cifra que permite desbancar a la Comunidad Valenciana de su tercera posición en este parámetro, ya que las 846 filiales del Levante español arrojan un saldo de 20.486 millones de euros, 470 millones menos.
Medidas para favorecer la atracción de inversiones
Para favorecer la atracción de inversiones a la comunidad andaluza, Transformación Económica tiene en marcha una reforma normativa que simplifica y agiliza el marco regulador de la actividad económica con el fin de disminuir las trabas administrativas a las que tienen que hacer frente las empresas. Esta remodelación normativa se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado en esta legislatura, que busca una ordenación más eficiente que no suponga un freno a la competitividad, el emprendimiento, la inversión y la creación de empleo.
El primer resultado del desarrollo de este plan fue la aprobación a finales de 2019 de un cambio de calado en la norma que regula la tramitación de proyectos estratégicos en la comunidad. Esa modificación se completó el pasado año con el Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y Simplificación de la Regulación Económica, que ha implicado la agilización de 21 leyes y seis decretos. De forma paralela a esas dos reformas acometidas, el Gobierno andaluz prepara una nueva renovación legal que contempla la simplificación y agilización de unos 90 procedimientos administrativos autonómicos.
A esta actuación se suman otras medidas como la reactivación de los incentivos destinados a apoyar a los sectores productivos gestionados por Transformación Económica, con 84 millones de euros destinados a la I+D empresarial y 195 millones para el impulso del desarrollo industrial; o el impulso del Plan de Captación y Retención de Talento Innovador y Digital. Dicho plan persigue convertir a la comunidad en un lugar de referencia para los profesionales de la economía digital, presentándose como el entorno ideal para vivir y trabajar, ya sea en empresas andaluzas o de manera remota mediante teletrabajo.
