La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha mantenido en Sevilla una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, enmarcada en el balance de la legislatura y centrada en los avances alcanzados en materia de sostenibilidad ambiental, modernización administrativa y seguridad jurídica, entre otros asuntos.
Durante el encuentro, la consejera ha destacado que desde 2022 la Junta de Andalucía ha resuelto un total de 2.666 expedientes correspondientes a los instrumentos de prevención ambiental (autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada), correspondientes a nuevas actuaciones o modificaciones sustanciales de estas, al tiempo que ha logrado reducir de forma significativa los plazos medios de tramitación. Catalina García ha señalado que la comparación entre los tiempos de resolución de 2023 y 2025 muestra una mejora media de 1,5 meses en todos los procedimientos ambientales.
La consejera ha subrayado que esta mayor agilidad administrativa tiene una especial relevancia si se tiene en cuenta que los expedientes ambientales actualmente en tramitación están asociados a una inversión global aproximada de 30.800 millones de euros. Se trata de proyectos estratégicos en distintos sectores productivos, como infraestructuras para el transporte, iniciativas de generación de energía eléctrica, plantas de hidrógeno verde o biogás, además de actuaciones vinculadas a la construcción de viviendas e instalaciones públicas.
García ha explicado que este volumen de tramitación se ha podido gestionar gracias a un esfuerzo sostenido por reforzar los medios humanos y técnicos de la Consejería. En este sentido, ha indicado que se han incorporado más de 100 profesionales distribuidos en las ocho provincias para agilizar los procesos, absorber picos de carga de trabajo muy elevados y garantizar que la mejora de los plazos no se realice en detrimento del rigor técnico ni de los niveles de protección ambiental exigidos.
En este contexto, la consejera ha enmarcado la actuación de la Junta en cuatro principios que han guiado la política de sostenibilidad ambiental durante la legislatura: la protección del medio ambiente, el respeto a la normativa estatal y europea, el mantenimiento de la seguridad jurídica y la agilización de las tramitaciones ambientales. En este punto, ha trasladado que el objetivo ha sido compatibilizar el desarrollo económico con la preservación de los valores ambientales, evitando que la complejidad administrativa se convierta en un freno a la inversión.
Uno de los principales esfuerzos se ha focalizado en la mejora de la tramitación de las autorizaciones ambientales, consideradas elementos decisivos a la hora de fijar inversiones en Andalucía. La consejera de Sostenibilidad ha aseverado que este avance se ha abordado desde distintos planos, combinando reformas normativas, reorganización interna, innovación y una apuesta decidida por la digitalización.
Nuevo procedimiento y simplificación
Así, la consejera ha reseñado la creación de la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), un nuevo procedimiento que se ha alineado con el enfoque de la legislación estatal y que ha permitido que más de la mitad de los expedientes que anteriormente se tramitaban mediante Autorización Ambiental Unificada pasen a un proceso sustancialmente más ágil. En esta línea, ha puesto el acento en que entre 2022 y 2025 han entrado 2.206 expedientes de Autorización Ambiental Unificada (AAU) y Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), mientras que en ese mismo periodo se han resuelto 2.666, y ha explicado que este cambio normativo ha supuesto que aproximadamente la mitad de los expedientes hayan reducido en torno a una cuarta parte su tiempo de tramitación.
Catalina García ha recalcado que este procedimiento incluye actuaciones directamente vinculadas al tejido productivo andaluz, como proyectos relacionados con la producción de energía a partir de fuentes renovables, especialmente fotovoltaicas, líneas eléctricas, actuaciones de la agroindustria o distintas infraestructuras, lo que ha permitido ofrecer tiempos de respuesta más competitivos sin rebajar las garantías ambientales.
A esta medida se ha sumado la simplificación de las autorizaciones existentes tras la aprobación del Decreto-ley 3/2024, que ha reducido de 48 a 16 las autorizaciones sectoriales integradas en la Autorización Ambiental Unificada. Según ha dicho la consejera, esta simplificación ha disminuido las consultas, ha reducido las peticiones de documentación adicional, y ha facilitado a las entidades promotoras la presentación de la documentación necesaria para la tramitación.
Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía
La reunión con la CEA ha servido también para abordar el estado de tramitación del Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en su fase final de tramitación parlamentaria. García ha hecho hincapié en que esta futura norma culmina un proceso orientado a conjugar seguridad jurídica, simplificación administrativa, colaboración público-privada, participación pública y digitalización, reforzando además la coordinación y colaboración entre todas las administraciones implicadas en la tramitación ambiental de proyectos, programas y planes.
La consejera ha recordado que la elaboración de esta ley ha sido fruto de un proceso de trabajo compartido con los principales agentes sociales y económicos de Andalucía y que forma parte del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023 con UGT, CCOO y la CEA. Al respecto, ha remarcado que desde su fase inicial se ha impulsado un proceso de participación abierto en todas las provincias, en el que han intervenido sindicatos, organizaciones empresariales, entidades locales, colegios profesionales y colectivos ambientales, una dimensión participativa que se refuerza además en la propia ley con la creación de nuevos órganos de consulta y canales permanentes de diálogo en materia de medio ambiente.
Según ha explicado, el texto se estructura en 197 artículos distribuidos en nueve títulos, junto con disposiciones adicionales, transitorias y finales, y aborda de manera integral aspectos como la gobernanza ambiental, la prevención, el control, la responsabilidad medioambiental o el régimen sancionador, configurando un marco legislativo coherente con la normativa estatal y europea.
Impulso a las energías renovables
Durante su intervención, la consejera ha puesto como ejemplo de la mejora en la tramitación el caso de los proyectos de energías renovables. Sobre ello, ha sostenido que los años 2022 y 2023 estuvieron marcados por una entrada excepcional de expedientes, principalmente de plantas fotovoltaicas, incentivada por las políticas energéticas a distintos niveles. En este contexto, ha declarado que desde 2020 se han tramitado en Andalucía 1.467 expedientes de autorización de instalaciones de energía eléctrica de competencia autonómica, de los que 803 han estado sometidos a autorización ambiental unificada.
Catalina García ha destacado que el cumplimiento de los hitos estatales (los plazos estatales obligatorios para mantener los permisos de conexión) ha alcanzado el 99% en el hito de septiembre de 2022 y el 92% en el hito de enero de 2023, y ha vinculado este resultado a la aprobación en octubre de 2022 de la Instrucción Conjunta de la Secretaría General de Energía y de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Según ha afirmado, esta medida ha permitido clarificar los procedimientos, mejorar la coordinación entre las administraciones intervinientes y avanzar en el cumplimiento de los plazos de tramitación, reforzando la seguridad jurídica de los proyectos.
Otro de los avances destacados por la consejera ha sido la digitalización progresiva de la tramitación de las autorizaciones ambientales. La consejera ha asegurado que en 2019 no existía ningún trámite telemático disponible para empresas y administraciones en este ámbito, mientras que en 2025 ya se han incorporado 16 procesos. Entre ellos, ha citado la autorización para la emisión de gases de efecto invernadero, la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre o las comunicaciones previas de producción de residuos.
Además, ha señalado que esta digitalización se ha planteado como una herramienta para reducir fricciones administrativas, mejorar la trazabilidad de los expedientes y facilitar la relación entre la Administración y los promotores de proyectos, contribuyendo a eliminar incertidumbres y a mejorar la calidad de la documentación presentada.
García ha agradecido de forma expresa la colaboración y el trabajo de diálogo con la Confederación de Empresarios de Andalucía en la elaboración de las principales normas de la legislatura, especialmente en la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, pero también en la Ley de Economía Circular, la Ley de Agentes Medioambientales y la futura Ley de Montes de Andalucía. En este sentido, ha afirmado que el trabajo compartido ha permitido consensuar, mejorar y enriquecer los textos normativos, adaptándolos mejor a la realidad económica y social de la comunidad.
En el acto también han estado presentes el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, el vicepresidente de la CEA y presidente del Consejo de Industria, José Cano, el presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA, Manuel Mingorance, el presidente de la Comisión de Energía, Rafael Sánchez Durán, y la delegada territorial de la Consejería en la provincia de Sevilla, Inmaculada Gallardo.
